Desde los inicios del ser humano en sociedad, prácticas como la tortura o la muerte de unos en manos de otros han estado presentes.
Sin embargo fue a partir del nacimiento de las primeras ciudades-estado cuando el ejercicio de la violencia se institucionaliza y justifica, y la pena de muerte se convierte en una condena avalada por la legalidad de la legislación vigente en cada momento.
Fundamentada bien en inspiraciones religiosas de corte radical, bien en el convencimiento de que la pena de muerte contribuye al fin de la violencia en las calles, lo cierto es que la tendencia global avanza por el camino de su desaparición sin embargo, aunque en los últimos años se han producido avances al respecto, también es cierto que en algunos países donde, sin estar abolida, se había dejado de practicar, se ha reanudado su aplicación.
Informe sobre la pena de muerte
El último informe sobre la situación de la pena de muerte en el mundo actual referido al año 2012 y elaborado por Amnistía Internacional revela que menos del 10% de países del mundo, para ser más exactos 21, llevaron a cabo ejecuciones que se cobraron la vida de un total de 682 reos sin embargo, fueron 58 los países que impusieron hasta 1722 condenas a muertesituándose el número total de condenados en 23.286 a finales del pasado año.
A la cabeza de esta polémica práctica se sitúa China, seguida por Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Yemen, por este mismo orden. China ejecutó a más personas que la suma de ejecuciones llevadas a cabo por el resto de países juntos. Sin embargo, estas cifras hay que tomarlas siempre con cautela por estar consideradas secreto de Estado.
Como antes señalaba, algunos países que llevaban años sin practicar la pena de muerte has retomado la práctica, entre ellos Pakistán (la primera ejecución en más de cuatro años), India (que llevaba más de ocho años sin ejecutar a ninguno de sus presos) y Gambia, que retomó esta brutal práctica tras más de tres décadas sin echar mano de ella.
Estados Unidos continúa siendo el único país americano que mantiene la pena de muerte si bien a lo largo de 2012 el número de Estados que la aplicaron se redujo de 13 a 9. Tal y como señala el informe anual del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), también este año que acaba de 2013 presenta un descenso en la aplicación de la pena capital por parte de Estados Unidos.
En este sentido, mientras que en 2012 las ejecuciones alcanzaron a un total de 43 personas, este último año la cifra se ha reducido hasta los 39, una reducción que podríamos calificar como “muy suave” pero que constata una tendencia a la baja iniciada tras 1999, año que presenta el macabro récord de 98 ejecuciones en Estados Unidos, y que en términos porcentuales significa una reducción de en torno al 60%.
La decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el fusilamiento, fueron los métodos de ejecución más practicados en el conjunto de países con pena de muerte instaurada, sin olvidarnos por supuesto de la silla eléctrica o la cámara de gas.
No cabe duda que la práctica de la pena de muerte genera un importante debate además de ser moralmente cuestionable. Tampoco ha conseguido hacer desaparecer la violencia en los lugares donde se practica y es claramente contrario al objetivo de reinserción social.
Tal y como refrendaban en una declaración conjunta 42 ministros de asuntos exteriores pidiendo una moratoria universal de la pena de muerte el pasado día 10 de octubre, “la pena de muerte constituye no sólo una falta de respeto insufrible a la dignidad humana, sino que su aplicación va acompañada también de numerosas violaciones de los derechos humanos de la persona condenada y de sus allegados. Además, la pena capital no tiene ningún efecto positivo en la prevención de delitos ni en la seguridad. Tampoco supone ninguna reparación para las víctimas ni para sus familias”.
Asumidas estas cuestiones, existen factores de forma que alimentan aún más si cabe este encendido debate y ponen en duda la idoneidad de su aplicación:
- En la mayoría de países donde se aplicó la pena de muerte, los procedimientos judiciales no cumplieron con las normas establecidas por el derecho internacional sobre juicios justos.
- En algunos de ellos, se obtuvieron “confesiones” mediante tortura y malos tratos.
- En dos casos (Yemen) los ejecutados eran menores de 18 años, mientras que en Yemen, Irán, Arabia Saudí, Nigeria y Pakistán continúan reclusas personas condenadas a muerte que eran menores de edad en el momento en que se cometieron los hechos por los que se les condena. En Irán la mayoría de edad para ser ejecutado es de nueve años para las niñas y quince años para los niños; en Arabia Saudí los jueces pueden imponer la pena de muerte desde la pubertad o los quince años (según lo que ocurra antes); en Sudán, la nueva constitución que entró en vigor en 2005 permite imponer sentencias a pena capital a menores en caso de asesinato, robo a mano armada que acabe en homicidio o abusos sexuales.
- Se impuso pena de muerte por actos delictivos que ni siquiera figuran entre los considerados como “más graves” y que conllevan “homicidio intencional” según establece el derecho internacional, como fueron el adulterio o la sodomía en Irán, delitos económicos en China, violación en Arabia Saudí, delitos relacionados con las drogas en varios países, la blasfemia en Pakistán o por infracciones como vender vídeos ilegalmente o ver material pornográfico en Corea del Norte.
- También en contra al derecho internacional, Japón y Estados Unidos practican ejecuciones a reos con enfermedades mentales.
Y entre este desolador panorama, algo positivo llama la atención: no existe constancia de muerte por lapidación, propia de países musulmanes que basan su código legal en textos religiosos, desde 2009.
Recién comenzado este año 2014, esperamos que los próximos datos en relación a la práctica de la pena capital en el mundo sean algo más positivos de lo que en realidad podamos esperar.
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